Inviables, inexplicables, inconsultas, conculcadoras de los derechos fundamentales, generadoras de pobreza, inflación, desabastecimiento e infelicidad.
Tales son, en unas cuantas palabras, las impresiones que surgen a la hora de consultar con un sociólogo, un economista y un dirigente gremial sobre la verdadera dimensión de las 26 decretos ley, vía Habilitante, y su incidencia en la vida del ciudadano de a pie.
A partir de sus respectivos enfoques y desde sus particulares perspectivas, en ocasiones divergentes o en todo caso diversas, llegan a conclusiones que coinciden en el rechazo al paquete legislativo, hasta ahora sólo un voluminoso fajo de papeles cuya aplicación requeriría la existencia de un gobierno y un Estado dotados de los medios para aplicarlos sobre la realidad.
En primer lugar, Luis Pedro España, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se pregunta "¿cómo explicarle al pueblo lo inexplicable?, luego de analizar lo que denomina "los efectos de los imposibles" , asumiendo como inaplicables unas leyes que, sin embargo, generan consecuencias y no necesariamente positivas.
Por su parte, el economista Emeterio Gómez aborda el tema tomando en consideración el impacto básico ("la desarticulación psíquica") que provocaría la aplicación de unas leyes que, insiste, forman parte de una utopía "absolutamente inviable".
Luego se concentra en el aspecto básicamente económico y las consecuencias (inflación, impacto sobre las importaciones) que se derivarían de la aplicación del proyecto tal y como ha sido concebido (desde la perspectiva del comunismo y las experiencias de Rusia, China y Cuba).
Finalmente, el periodista (con título universitario), pero en este caso vocero y presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, un gremio que tiene mucho que decir sobre las leyes, Genaro Méndez, señala como la arremetida que han sufrido los productores del campo durante los últimos diez años (ocupaciones, cartas agrarias, confiscaciones) debe sumarse ahora una normativa legal que faculta al Estado para liquidar la propiedad privada.
Explica que además de ahuyentar definitivamente la inversión en el sector primario de la economía, afecta mucho más de lo que ya está la denominada seguridad agroalimentaria del país.
La visión de tres especialistas en temas social, económico y gremial conduce hacia 10 aspectos sensibles del paquete.
domingo 07 de septiembre, 2008
Roberto Giusti
El Universal
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